Lo Mejor de Retos Femeninos - Noviembre 2021

6 todo, como en las secretarías de Estado de la administración federal 2018-2024 que actualmente están integradas por 12 hombres (63.16%) y 7 mujeres (36.84%)2. Quienes detentan la titularidad de instituciones públicas sincumplir susobligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, los principios de igualdad, no discriminación y paridad, de emitir regulaciones internas e implementar políticas públicas con enfoque de inclusión; así como cuando nombran o mantienen en algún cargo público a perpetradores de violencia contra las mujeres, y omiten incorporar el lenguaje incluyente y modificar el masculino genérico de nomenclaturas de puestos de trabajo y nombres de entidades públicas –como la “Cámara de Diputados”– reforzando la idea de que los espacios públicos son reservados solo para ellos. Los integrantes de los partidos políticos nacionales y locales que no consideran a las mujeres y sus diversidades (incluidas las indígenas y afromexicanas) como candidatas en las postulaciones de todos los cargos de forma paritaria, al no apoyarlas en condiciones de igualdad en su formación, desarrollo, crecimiento y campañas; al negarles los recursos ymedios suficientes para que tengan éxito, y al no brindarles atención y protección ante actos constitutivos de violencia en su contra, además de mantener una estructura que no las considera en cargos de autoridad y toma de decisiones. También cuando en el contexto de la contienda electoral, ejercen violencia política contra sus militantes y contrincantes mujeres, además de mantener en su militancia a perpetradores de cualquier tipo y modalidad de violencia contra ellas, y no dar cumplimiento a la ley, los lineamientos y sentencias emitidas por los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales. Las y los representantes de los medios de comunicación y redes sociales que, ante la falta de regulación, permiten la emisión y reproducción de mensajessexistas, no lesbrindan lamismacobertura que a los hombres y sustentan en prejuicios, roles y estereotipos de género, la idea de que el espacio público no es para ellas, fortaleciendo además la violencia simbólica en su contra. Asimismo, cuando no divulgan sus derechos a la participación política, se niegan al uso del lenguaje incluyente y no sexista, y no fijan una postura transparente a favor de la igualdad y no discriminación. Y, finalmente, la ciudadanía que, ante la falta de políticas públicas, considera la violencia contra las mujeres en la política como el costo que deben pagar por invadir ese espacio, así, la normalizan, la toleran y no la denuncian ante las autoridades competentes y, como como resultado, hasta se suman a ella con la difusión de las agresiones en su contra. 1 Ante la falta de definición en este tema el TEPJF vinculó al Congreso de la Unión, así como a los congresos localesa regular laparidadengubernaturas antes del inicio del próximo proceso electoral que siga de manera inmediata al proceso 2020-2021.SUP- RAP-116/2020 2 El artículo 41 constitucional, vigente desde la reforma de paridad de género de junio de 2019, seña que “los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas deberán cumplir el principio de paridad de género” Todo lo anterior configura una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos de las mujeres, primero, porque la violencia política contra las mujeres expresa rechazo a todas las mujeres participen o no en el ámbito político; segundo, porque la omisión de una sola institución del Estado perjudica, limita y ralentiza su acceso a la participación y abre espacio a la violencia focalizada a cada una de ellas; tercero, porque cuando las entidades públicas y autoridades del Estado no nombran a las mujeres, las eliminan del espacio público; y cuarto, porque la falta de articulación de todas las estructuras del Estado para funcionar en el marco del bloque constitucional de derechos humanos, impide que toda la ciudadanía de mujeres disfrute de sus derechos políticos en libertad, igualdad y seguridad. *Feminista, profesional en derechos humanos, igualdad y comunicación, con más de 20 años de experiencia en los sectores público, internacional, académico y de la sociedad civil.